El 19 de julio de 2016 la Comisión Europea impuso multas de miles de millones a varios fabricantes de camiones. De ese modo, la Comisión confirmó el hecho de que los fabricantes de camiones MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF habían llegado a acuerdos ilegales durante más de una década para fijar los precios en el mercado de los camiones. Este hecho ha dañado a numerosas empresas del sector del transporte y la logística.
La Comisión Europea ha acusado a los miembros del cártel de lo siguiente:
"Coordinación de los precios de catálogo brutos para camiones de peso medio y pesado en el Espacio Económico Europeo (EEE)."
"Acuerdo del calendario para la introducción de tecnologías de reducción de las emisiones para camiones de peso medio y pesado en reacción a las normas europeas sobre emisiones cada vez más estrictas."
"Repercusión de los costes de las tecnologías de reducción de las emisiones [...] a los clientes."
La Comisión Europea ha constatado que las empresas MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco y DAF han vulnerado la legislación antimonopolio al acordar los precios. Esta constatación tiene vigor conforme al Derecho alemán y usted ya no tiene que demostrar que ha sufrido un daño como comprador. Para los compradores y arrendadores de camiones de los fabricantes indicados durante el período comprendido entre los años 1997 y 2011 existe la posibilidad de reclamar una indemnización.
La cuantía del daño causado a un comprador debe ser constatada en un informe pericial. Para ello, en un informe pericial a elaborar individualmente para cada damnificado se calcula qué precio habría sido probable en caso de que no hubiera habido acuerdos de precios.
Los plazos de prescripción podrían ser diferentes según el cártel y las condiciones marco de su caso específico. CREDITALE comprueba con mucho gusto el plazo de prescripción. Para ello, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros.
CREDITALE trabaja de forma transparente, eficiente y altamente eficaz. Nuestra red de socios está formada por despachos de abogados especializados en legislación antimonopolio, peritos y proveedores de servicios financieros. De ese modo garantizamos las mayores posibilidades de hacer valer sus derechos y, al mismo tiempo, asumimos el riesgo financiero.
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